martes, agosto 28, 2012

Nueva Jerusalén, ¿Estado que abdica o aplicación de la ley?



El drama del ciclo escolar que no inicia en la comunidad michoacana de Nueva Jerusalén es un indicador del lamentable estado en el que nos encontramos como sociedad y, sobre todo, de la falta de autoridad en diversas zonas del país.

Hay un derecho constitucional que está siendo abiertamente pisoteado: el que tienen los niños y jóvenes de esa comunidad al estudio. Un grupo fundamentalista se los impide violentamente, tras haber destruido la escuela que existía –demoliendo propiedad pública hasta no dejar piedra sobre piedra-  y, a cambio, sólo hemos tenido alegatos vacíos, negociaciones que no son tales y un gobierno atado de manos por sí mismo.

La “solución” planteada por las autoridades locales, que los muchachos tomen clases en escuelas de comunidades vecinas, equivale, simple y sencillamente, a la abdicación de una de las funciones fundamentales del Estado, al reconocimiento de que Nueva Jerusalén es un Estado (teocrático) dentro del Estado, en el que no rigen las leyes de la nación, sino las del supuesto iluminado que se hace llamar Martín de Tours.

Es racional que el minoritario grupo de residentes que favorecen la escuela pública se haya negado a esta charada. Es vergonzoso que el gobierno michoacano insista en negociar lo innegociable y que la Secretaría de Educación Pública hable de “mano firme” para de inmediato doblarla y agregar “pero con respeto”. ¿Respeto a qué? No es a las creencias religiosas, que cualquiera puede seguir teniendo. Tal vez sea respeto a la autoridad sustituta que se ha erigido en dicho pueblo. 

Durante mucho tiempo, tal vez en expiación por los excesos del pasado, se ha confundido el talante democrático del Estado con la debilidad para hacer frente a quienes infringen la ley. El miedo a ser represivos ha derivado en un uso casuístico y poco eficaz de los instrumentos que tiene a su disposición el Estado. Los utiliza cuando no se requieren y los deja de utilizar en otras ocasiones. Según el sapo, la pedrada. Así no se puede gobernar.

El temor es que, siendo mayoritario en Nueva Jerusalén el grupo que sigue al santón integrista, una intervención pública pueda derivar en violencia y, posteriormente, en condenas de parte de la opinión pública y publicada. En ese miedo, prefieren dejar que una mafia religiosa controle la comunidad y abstenerse de frenarla… al fin que un derecho humano como la educación no es tan espectacular.

El problema también habla de décadas de convenenciero olvido. Nueva Jerusalén está por cumplir 40 años de haber sido fundada, a partir de las visiones de una adolescente con problemas mentales. Desde sus inicios, la localidad fue objeto de reportajes periodísticos y de  fundadas denuncias de abusos, pero todo se disolvió bajo la idea de que era un lugar pintoresco, aislado y de poca o nula influencia. Un lugar extravagante en el que, fíjate que curioso, está prohibido jugar futbol, “porque es como patear el mundo, obra sagrada de Dios”. 

Han sido cuatro décadas al margen de la ley. Ahora estamos pagando, con altos intereses, los réditos de esa desidia, de ese abandono (que se ha dado en muchas otras comunidades, pero aquí degeneró en tumor).

Michoacán –donde comenzó la estrategia del presidente Calderón contra el crimen organizado- es un estado maravilloso y extraño. Baste recordar que las formas específicas que tomaron los principales grupos criminales de ahí están impregnadas de seudo misticismo: La Familia y sus “valores”, los Caballeros Templarios y su “orden”. Ha existido allí, por muchos años, tal vez desde hace casi un siglo, un caldo cultural de cultivo que los gobiernos de distinto signo político no han sabido atacar.

Si no hay una toma de decisiones que garantice, con la mínima violencia posible pero con la firmeza de un Estado que impone sus condiciones, un curso escolar normal en Nueva Jerusalén, las autoridades estatales, y también las federales, estarán enviando un mensaje muy equívoco. Si ustedes son muchos y decididos, pueden hacer lo que quieran. Si son muchos y mochos, cuánto mejor. Buscaremos, de alguna manera, el “diálogo”.

Todo esto es el síntoma de que en nuestro país las autoridades no aplican las normas como se debe, sino que suponen la existencia de todo tipo de regímenes de excepcionalidad, fueros de facto y –a veces- de jure. En ese sentido, tienden a ver este problema –que, insisto, es de derechos humanos fundamentales- como un pleito entre particulares, en el que lo más que se puede hacer es intermediar.

La política del avestruz tal vez sirvió con anterioridad. Ahora ya no. El problema ha estallado en la opinión pública nacional y mundial. Se precisan decisiones. Se exige la presencia real, no solamente simbólica, de la autoridad. Se requiere de infraestructura, de una escuela pública funcional, de seguridad pública y de vigilancia constante. Es la única solución en el contexto de la ley.


No hay comentarios.: